Patrimonio · Memoria · Política cultural
Censura, memoria y poder
Un contexto sobre las piezas desmontadas, la respuesta del Gobierno, los antecedentes de censura artística y el marco jurídico que atraviesa la controversia.
por Nini Johanna Sabogal
Redacción Ágora Radio · 17 de octubre de 2026
El retiro de más de 30 piezas de salas permanentes del Museo Nacional de Colombia convirtió a la institución en el escenario central de una discusión sobre quién construye el relato histórico del país y bajo qué procedimientos puede modificarse.
Los objetos desmontados estaban vinculados con luchas feministas y LGBTIQ+, víctimas de la violencia política, procesos de desmovilización, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Mientras el Gobierno afirma que busca impedir el adoctrinamiento y la apología del delito, especialistas y organizaciones sociales cuestionan la ausencia de un nuevo guion curatorial conocido y advierten sobre una posible exclusión de memorias colectivas.
15 de octubre
Fecha en la que se conoció el desmonte en las salas permanentes.
Más de 30
Piezas reportadas inicialmente; reconstrucciones periodísticas elevan la cifra.
Tres salas
Hacer Sociedad, Memoria y Nación y Reivindicación de Nación.
Sin listado oficial
El inventario completo y el guion de reemplazo no se habían publicado al cierre.
Contexto histórico
¿Cómo opera la censura en el arte?
La censura artística no aparece únicamente como una prohibición explícita. También puede producirse mediante decisiones administrativas, recortes de financiación, retiro de licencias, limitaciones a la circulación o presiones que llevan a artistas e instituciones a modificar anticipadamente sus contenidos.
Por eso, para determinar si una intervención constituye censura no basta con observar que una obra fue retirada: también deben examinarse la autoridad que tomó la decisión, el procedimiento utilizado, la motivación pública, la proporcionalidad de la medida y las posibilidades de controvertirla.
Directa
Una autoridad prohíbe, retira, incauta o impide de manera expresa la exhibición o circulación de una obra.
Indirecta
El contenido se restringe mediante presupuesto, permisos, convocatorias, acceso a espacios o decisiones institucionales.
Autocensura
Creadores o instituciones eliminan o alteran contenidos por temor a sanciones, estigmatización o pérdida de apoyo.
Tres antecedentes contemporáneos
ARCOmadrid, 2018
Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, fue retirada a petición de IFEMA para evitar que la polémica afectara la visibilidad de la feria.
MACBA, 2015
La muestra La bestia y el soberano fue cancelada inicialmente por la controversia alrededor de una obra de Ines Doujak y John Barker; después abrió al público.
Always Franco, 2012
La escultura de Eugenio Merino fue objeto de acciones judiciales promovidas por la Fundación Francisco Franco por una supuesta afectación al honor.
Estos casos muestran que la censura también puede presentarse en democracias mediante decisiones institucionales, controversias judiciales o argumentos de neutralidad y protección. Los informes de Freemuse documentan además amenazas, persecución, restricciones administrativas y autocensura en distintos países; esa experiencia comparada sirve como contexto, aunque no constituya una sobre el caso colombiano.
La intervención
¿Qué ocurrió dentro del museo?
El jueves 15 de octubre, visitantes y medios registraron paredes vacías y huellas de pintura reciente en varias salas. El desmonte se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural” y ordenara retirar de los espacios públicos las representaciones que, a juicio de su Gobierno, constituyen una apología del terrorismo.
La información disponible indica que la instrucción llegó desde el Ministerio de Cultura y que el equipo curatorial no participó en la selección. Hasta el cierre de esta nota, ni el museo ni la cartera habían publicado un inventario final, la evaluación individual de las piezas o un nuevo guion museográfico que explicara la reorganización.
El origen inmediato
¿Qué detonó la intervención?
El antecedente inmediato fue una denuncia pública del concejal de Bogotá Andrés Barrios, del Centro Democrático, después de visitar el museo con sus hijas. El concejal cuestionó los afiches de Carlos Pizarro y otros contenidos relacionados con las guerrillas, y reclamó una representación más visible de soldados, policías, secuestrados y familias afectadas.
Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una “contrarrevolución cultural” y afirmó que había instruido a la ministra para retirar de los espacios públicos las representaciones que su Gobierno considera una exaltación del terrorismo. La secuencia temporal alimentó los cuestionamientos sobre el grado de autonomía técnica con el que se realizó el desmonte.
“Los museos deben promover una reflexión equilibrada y no adoctrinar a nuestros hijos”.
El relato que quedó incompleto
¿Qué tipos de piezas fueron retiradas?
Diversidad y derechos
Una bandera del orgullo gay, publicaciones y fotografías sobre ciudadanía LGBTIQ+, sufragio femenino, derechos reproductivos y luchas contra la violencia de género.
Violencia política
Afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, materiales de la Unión Patriótica y objetos relacionados con la transición del M-19 a la vida política.
Constitución y paz
El facsímil de la Séptima Papeleta, un bolígrafo asociado a la firma del Acuerdo de Paz y otros elementos sobre procesos constitucionales y de desmovilización.
Arte y vida social
Obras atribuidas a artistas como Antonio Caro, Luis Caballero y Carlos Correa, además de objetos de cultura popular y transformaciones sociales del siglo XX.
Precisión: el conteo sigue abierto. El reporte inicial habló de más de 30 piezas, mientras una reconstrucción de la revista Cambio identificó al menos 48 objetos.
La respuesta oficial
¿Qué argumenta el Ministerio de Cultura?
La ministra Paola Holguín defendió la intervención y afirmó que el Museo Nacional no debe funcionar como instrumento de adoctrinamiento político, difundir versiones sesgadas de la historia ni convertirse en un espacio de apología al delito o revictimización.
- El Ministerio sostiene que los guiones deben ofrecer una interpretación más equilibrada y reconocer a todas las víctimas.
- La cartera invoca el artículo 44 de la Constitución para justificar la protección de menores frente a contenidos que considera sensibles.
- El Gobierno anunció una revisión de la museología y la curaduría de los espacios bajo su administración.
“Están siendo evaluados y rediseñados para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación”.
El pronunciamiento explica la orientación general de la revisión, pero no detalla los criterios aplicados a cada objeto retirado, el destino de las piezas, la composición del equipo responsable ni el calendario del nuevo guion.
El núcleo de la controversia
Dos maneras de entender la función del museo
La posición del Gobierno
La institución debe revisar relatos que el Ejecutivo considera parciales, evitar la exaltación de actores armados y garantizar una representación que, desde su perspectiva, respete a las víctimas y proteja a la infancia.
La posición de los sectores críticos
Curadores, historiadores y organizaciones sociales sostienen que retirar piezas sin un proceso técnico conocido reduce la pluralidad del relato. La sala Hacer Sociedad fue inaugurada en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, después de un proceso interdisciplinario revisado por varios comités curatoriales.
Alcance internacional
Cobertura internacional no equivale a un pronunciamiento internacional
El caso fue recogido por medios y agencias con alcance internacional, entre ellos EFE, EL PAÍS y Associated Press. Esa circulación amplió la discusión fuera de Colombia, pero al cierre de esta nota no encontramos un pronunciamiento específico de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la UNESCO sobre este retiro.
Aun cuando existen estándares internacionales que permiten analizar la controversia: protegen la expresión artística, el acceso a la vida cultural y la diversidad de las expresiones, no hay decisiones emitidas sobre este caso concreto.
Antecedentes jurídicos
Las normas que pueden orientar la discusión
Ninguna de estas disposiciones resuelve automáticamente la controversia. Su alcance frente a las decisiones del museo deberá ser determinado por las autoridades competentes, pero conforman el marco central del debate.
Constitución Política
Los artículos 7, 20 y 71 protegen la diversidad cultural, la libertad de expresión y la libertad artística. El Gobierno, por su parte, invoca el artículo 44 sobre la prevalencia de los derechos de la infancia.
Ley General de Cultura
La Ley 397 de 1997 establece que el Estado no ejercerá censura sobre la forma ni el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.
Libertad artística y vida cultural
El artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 del PIDCP protegen la expresión. El artículo 15 del PIDESC reconoce la participación en la vida cultural.
Diversidad de expresiones
La Convención de la UNESCO de 2005 compromete a los Estados a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.
Estándares de Naciones Unidas
Los informes A/HRC/23/34 y A/HRC/25/49 piden que las restricciones artísticas cumplan criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y alertan contra la imposición de una memoria oficial única.
Memoria y reparación
La Ley 1448 de 2011 incorpora medidas de memoria y reparación simbólica. La Ley 2482 de 2025 ordena acciones de dignificación y no estigmatización de las víctimas del genocidio contra la UP.
Decisiones judiciales relevantes
La Corte IDH ordenó medidas de reparación y no repetición en el caso de la Unión Patriótica. En la T-202 de 2026, la Corte Constitucional protegió una obra ligada a memoria, víctimas y búsqueda de desaparecidos.
Respuesta ciudadana
Reacciones públicas y mecanismos de seguimiento
Las respuestas verificadas combinan exigencias de restitución, solicitudes de información y observación pública. Al cierre de esta nota no encontramos constancia pública suficiente para afirmar que ya exista una tutela o demanda judicial radicada específicamente por estos retiros.
Memoria de la Unión Patriótica
La Corporación Reiniciar rechazó el retiro del afiche de Bernardo Jaramillo Ossa, exigió restituir las piezas y vinculó su reclamo con la sentencia de la Corte IDH y la Ley 2482 de 2025.
Memorias feministas y LGBTIQ+
Casa de la Mujer denunció el desmonte de uno de sus afiches. Colombia Diversa y Caribe Afirmativo alertaron sobre el efecto de excluir del museo las luchas feministas y de las personas LGBTIQ+.
Veeduría y documentación
Radar Bulla convocó a vigilar los actos administrativos, el destino de las piezas, posibles cambios en estímulos culturales y movimientos de personal, además de documentar reportes de censura o presión institucional.
Transparencia pendiente
Organizaciones y voces académicas han pedido publicar el inventario completo, los criterios técnicos, las instancias curatoriales consultadas y el plan de conservación o reubicación de las piezas.
Balance periodístico
El debate no termina en una pared vacía
El caso expone una tensión central de las instituciones culturales públicas: cómo ejercer la dirección administrativa del Estado sin sustituir los procedimientos técnicos, la autonomía curatorial, la libertad artística y los compromisos de memoria histórica.
Falta conocer el inventario definitivo, los criterios aplicados a cada pieza, su destino y conservación, las instancias consultadas y el nuevo relato que propone la administración. Esas respuestas permitirán evaluar si se trató de una revisión museográfica sustentada o de una intervención política sobre la memoria pública.
